CON LA PALABRA NO BASTA. CASO MAGNI

En la Cámara del Crimen de San Francisco se efectuó la segunda jornada del juicio al intendente de Colonia San Bartolomé. Por la sala pasaron once testigos, de ellos, cuatro eran vecinos del pueblo, seis concejales y la Jueza de Paz que labró el acta de posesión. Es importante subrayar que cuatro de los seis ediles aún continúan ocupando un lugar en el Concejo Deliberante.



Magni y su abogado, el Dr. Brito



Los primeros cuatro testigos fueron vecinos de Bustos en algún momento y ratificaron sus primeras declaraciones de que la casa siempre estuvo habitada por alguien, aunque no fuese de la familia, que sólo por pequeños períodos de tiempo no vivió nadie. Por otra parte manifestaron que  nunca vieron en el predio maquinaria municipal ni alambrado, con lo que desestiman el acto posesorio del municipio al que refiere la Ley en que se basan para la redacción de la ordenanza.

Recordemos que la ordenanza en cuestión dice que de acuerdo a la Ley 24320 de prescripción administrativa y a 20 años de haber tomado posesión de la casa, debía quedar como patrimonio privado de la Municipalidad aquél terreno de José Bustos. Cabe destacar que en ninguna parte del documento figuraba por escrito el arreglo entre Bustos y Magni, que tal como todos los vecinos declararon, se trató de un acuerdo verbal.

La totalidad de los testigos conocían este supuesto trato, ya sea del propio Bustos, del mismo intendente o de comentarios y rumores, pero desconocían la forma que usó el municipio para apropiarse del terreno, aun sin haberle entregado la casa, que todos afirman, le habían prometido al hombre. Quienes declararon hoy manifestaron que todo se iba a dar con total normalidad pero el señor Bustos se arrepintió, porque “le llenaron la cabeza” familiares de Córdoba y otros allegados. Los testigos afirmaron que el trueque le convenía.

Lo cierto es que no existió ningún documento por escrito donde figurase el convenio entre Bustos y Magni, más allá del “valor de la palabra”, al que hicieron referencia los declarantes. Pues en la ordenanza no existió ningún punto que deje constancia de ello. Lo extraño del caso es que todos los concejales que se presentaron en la sala, firmaron para que se apruebe dicha ordenanza y se pase al decreto, sin saber qué significaba cada término allí plasmado.



La familia Bustos en la sala, algunos de los hermanos

Una hermana de José Bustos realizó una denuncia porque la casa era de los nueve hermanos y no de uno solo. Por supuesto en dicho caso el Intendente debería haber acordado con los nueve y no sólo con el que allí moraba, ya que la vivienda era de todos.  Algunos declararon que desconocían la denuncia y el posterior pedido de nulidad del decreto.

Cuando el decreto salió, la familia Bustos realizó mediante una escribana un pedido de nulidad del mismo. Ninguno de los concejales conocía ni conoce (de acuerdo a los interrogantes de las partes) nada de leyes ni de términos jurídicos, no leyeron nunca la ley 24320, no sabían que significaba “prescripción del inmueble”, “acto posesorio” o “dominio del inmueble”, términos mencionados en la Ley en cuestión, ni tampoco sabían qué decía a ciencia cierta la ordenanza que firmaron en septiembre de 2004.

Sin dudas el desconocimiento de la ley, de algunos conceptos jurídicos importantes  y de la tarea que atañe a un concejal, por parte de quien ocupa ese cargo, es sumamente vergonzoso. Por momentos parecía que se les estaba preguntando en chino mandarín, y hasta gracia les causaban algunos interrogantes. Más allá de que están ocupando un puesto sin retribución salarial, sería conveniente elegir a personas idóneas o al menos interesadas en asesorarse o informarse sobre aspectos desconocidos. Aunque todos declararon que no tienen ningún abogado que los oriente en el Concejo.

Del mismo modo cuando fue el turno de la Jueza de Paz, Romero, que firmó y elaboró el acta de posesión, aun no sabiendo para qué era ni de qué se trataba. Se lo solicitó el Secretario de Gobierno y la única condición era llevar dos testigos que dijeran que hace 20 años esa propiedad está siendo poseída por la municipalidad, ya que según consta en ese documento, es la administración municipal la que se encargaba del desmalezamiento, tenía máquinas guardadas ahí y había colocado un cerco perimetral en el lote. Sin embargo, esta mujer también desconocía el fin de esa acta, que a su vez estaba incompleta y le faltaban datos importantes.

Al parecer, el juicio terminaría mañana miércoles pues sólo resta declarar un testigo y luego hará lo propio el Intendente Magni, según lo indicó su abogado defensor Brito. Será una extensa jornada, pues luego de ello las partes darán su alegato y finalmente el veredicto, si no surge algo diferente a lo largo de la audiencia y todo sigue su curso.