Los ex miembros del D2 condenados por crímenes aberrantes son pasivos de privilegio. El que más gana es Yamil Jabour, pero hay otros dos con buenos recibos y prisión domiciliaria. Por ahora la Policía de Córdoba los sigue considerando entre sus filas.
Escribe: Adolfo Ruiz
Yamil Jabour, "el Turco Yogurt", el ex torturador y asesino del D2, el hombre que llegó a comisario mayor, el mismo que durante los gobiernos de Eduardo Angeloz y Ramón Mestre se las arregló para trepar en la policía hasta quedar a cargo nada menos que de la jefatura del Departamento de Inteligencia Criminal hasta el año 1995. Ese hombre es el miembro de las patotas policiales de la dictadura que mayor jubilación cobra de la provincia.
Con 14.919 pesos con 56 centavos se las arregló para superar en jubilación al mismísimo Carlos Yanicelli, hombre que en septiembre pasado recibió en su caja de ahorro del Banco de Córdoba la suculenta jubilación de $14.421,74, tal como lo revelara EL SUR en su edición anterior.
Jabour y Yanicelli son los represores policiales cordobeses mejor pagos. Todo con plata de la deficitaria Caja de Jubilaciones de Córdoba. Pero no le van en zaga los haberes de retiro de los comisarios César Cejas y Hugo Cayetano Britos. Ambos fueron miembros del D2 en una "camada posterior" a la de la barbarie del año 1976. La Justicia los condenó por el espantoso homicidio del subcomisario Ricardo Fermín Albareda, ocurrido por castración y desangramiento en 1979, en la Casa de Hidráulica, frente al paredón del Dique San Roque.
La particular situación de Cejas y de Britos parece ser la más confortable, ya que tras pocos meses en Bouwer y pese a recibir condenas a cadena perpetua, se valieron de su derecho a la prisión domiciliaria tras cumplir 70 años. El primero disfruta en la tranquilidad de su hogar de los $13.374,57 que percibe de jubilación mensual; su camarada Britos se las ingenia para darse sus gustos a cambio de los $9.335,08 que gana. En términos comparativos, son los represores condenados de mejor pasar.
DERECHOS ADQUIRIDOS
¿Por qué se continúa dando esta situación tan particular? "Es una aberración", responde desde la militancia Antonio Alcázar, presidente de la Asociación de Ex Presos Políticos de Córdoba, quien agrega que ?es increíble que luego de haber sido juzgados y condenados, sigan cobrando esos haberes, cuando a muchas de sus víctimas que no se han podido reinsertar nunca más en la sociedad, el Estado les sigue negando una reparación?.
En términos legales, la mayoría de los especialistas consultados por este medio se mostraron resignados a la continuidad del cobro de estos abultados haberes, "a partir del derecho previsional que les asiste a sus beneficiarios", según lo entendió por ejemplo el abogado riocuartense Miguel Martínez, "por más que sean estos tipos que están condenados por la justicia por crímenes aberrantes", se limitó a agregar este profesional que fue uno de los querellantes en el juicio de la UP1.
El penalista Rubén Arroyo, advirtió que ?el tema es que hasta que no estén vigentes las condenas, les sigue rigiendo el principio de inocencia?. Y lamentó de que "usen a su favor todas las chicanas que tienen a mano para dilatar los procesos al máximo y así extender el beneficio".
Y vaya si lo saben hacer bien, no sólo en el terreno de lo penal, sino ahora también en lo civil: las apelaciones logran preservar el beneficio previsional del que la mayoría disfruta desde mediados de la década de los ´90, cuando buena parte de los miembros de la patota del D2 pasó a retiro.
QUÉ HACER
El ABC del derecho previsional indica que las jubilaciones son intangibles, esto es, que no pueden ser disminuidas ni mucho menos quitadas, ya que se habla de un derecho adquirido. El aporte mensual durante años de trabajo es el que funda esas previsiones, que luego se van "devolviendo" en el transcurso de los años de pasividad al beneficiario, e incluso posteriormente a su viuda, si correspondiera.
No obstante, los miembros de las fuerzas armadas y policiales presentan una situación diferente en materia previsional. Quienes pasan a retiro no pierden su estado militar, o en este caso policial. Siguen siendo parte de la fuerza y se deben someter a sus reglamentos.
En otras palabras, Yanicelli, Yabour, Britos y Cejas siguen siendo comisarios y revisten como personal de la Policía de la Provincia de Córdoba, esa "policía de la democracia" que suelen declamar el gobernador Juan Schiaretti y el jefe policial Alejo Paredes.
Y continuarán en esa situación hasta tanto la propia Policía y/o el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario no abran un sumario administrativo en contra de estos probados delincuentes, cosa que hasta el momento no se ha hecho.
Fuente: Revista Sur
Yamil Jabour, "el Turco Yogurt", el ex torturador y asesino del D2, el hombre que llegó a comisario mayor, el mismo que durante los gobiernos de Eduardo Angeloz y Ramón Mestre se las arregló para trepar en la policía hasta quedar a cargo nada menos que de la jefatura del Departamento de Inteligencia Criminal hasta el año 1995. Ese hombre es el miembro de las patotas policiales de la dictadura que mayor jubilación cobra de la provincia.
Con 14.919 pesos con 56 centavos se las arregló para superar en jubilación al mismísimo Carlos Yanicelli, hombre que en septiembre pasado recibió en su caja de ahorro del Banco de Córdoba la suculenta jubilación de $14.421,74, tal como lo revelara EL SUR en su edición anterior.
Jabour y Yanicelli son los represores policiales cordobeses mejor pagos. Todo con plata de la deficitaria Caja de Jubilaciones de Córdoba. Pero no le van en zaga los haberes de retiro de los comisarios César Cejas y Hugo Cayetano Britos. Ambos fueron miembros del D2 en una "camada posterior" a la de la barbarie del año 1976. La Justicia los condenó por el espantoso homicidio del subcomisario Ricardo Fermín Albareda, ocurrido por castración y desangramiento en 1979, en la Casa de Hidráulica, frente al paredón del Dique San Roque.
La particular situación de Cejas y de Britos parece ser la más confortable, ya que tras pocos meses en Bouwer y pese a recibir condenas a cadena perpetua, se valieron de su derecho a la prisión domiciliaria tras cumplir 70 años. El primero disfruta en la tranquilidad de su hogar de los $13.374,57 que percibe de jubilación mensual; su camarada Britos se las ingenia para darse sus gustos a cambio de los $9.335,08 que gana. En términos comparativos, son los represores condenados de mejor pasar.
DERECHOS ADQUIRIDOS
¿Por qué se continúa dando esta situación tan particular? "Es una aberración", responde desde la militancia Antonio Alcázar, presidente de la Asociación de Ex Presos Políticos de Córdoba, quien agrega que ?es increíble que luego de haber sido juzgados y condenados, sigan cobrando esos haberes, cuando a muchas de sus víctimas que no se han podido reinsertar nunca más en la sociedad, el Estado les sigue negando una reparación?.
En términos legales, la mayoría de los especialistas consultados por este medio se mostraron resignados a la continuidad del cobro de estos abultados haberes, "a partir del derecho previsional que les asiste a sus beneficiarios", según lo entendió por ejemplo el abogado riocuartense Miguel Martínez, "por más que sean estos tipos que están condenados por la justicia por crímenes aberrantes", se limitó a agregar este profesional que fue uno de los querellantes en el juicio de la UP1.
El penalista Rubén Arroyo, advirtió que ?el tema es que hasta que no estén vigentes las condenas, les sigue rigiendo el principio de inocencia?. Y lamentó de que "usen a su favor todas las chicanas que tienen a mano para dilatar los procesos al máximo y así extender el beneficio".
Y vaya si lo saben hacer bien, no sólo en el terreno de lo penal, sino ahora también en lo civil: las apelaciones logran preservar el beneficio previsional del que la mayoría disfruta desde mediados de la década de los ´90, cuando buena parte de los miembros de la patota del D2 pasó a retiro.
QUÉ HACER
El ABC del derecho previsional indica que las jubilaciones son intangibles, esto es, que no pueden ser disminuidas ni mucho menos quitadas, ya que se habla de un derecho adquirido. El aporte mensual durante años de trabajo es el que funda esas previsiones, que luego se van "devolviendo" en el transcurso de los años de pasividad al beneficiario, e incluso posteriormente a su viuda, si correspondiera.
No obstante, los miembros de las fuerzas armadas y policiales presentan una situación diferente en materia previsional. Quienes pasan a retiro no pierden su estado militar, o en este caso policial. Siguen siendo parte de la fuerza y se deben someter a sus reglamentos.
En otras palabras, Yanicelli, Yabour, Britos y Cejas siguen siendo comisarios y revisten como personal de la Policía de la Provincia de Córdoba, esa "policía de la democracia" que suelen declamar el gobernador Juan Schiaretti y el jefe policial Alejo Paredes.
Y continuarán en esa situación hasta tanto la propia Policía y/o el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario no abran un sumario administrativo en contra de estos probados delincuentes, cosa que hasta el momento no se ha hecho.
Fuente: Revista Sur
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